Contratación de abogados militares como jueces de inmigración: implicaciones y preocupaciones
- Lcda. Yalitza M. Maldonado
- 14 nov 2025
- 4 Min. de lectura
La actual administración federal comenzó a contratar abogados militares del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina para ocupar plazas de jueces en la corte de inmigración (EOIR). Esta decisión ha generado un amplio debate sobre sus posibles consecuencias para la imparcialidad, integridad y funcionamiento del sistema migratorio. A continuación, explicamos qué significa esta medida, por qué se está implementando y cómo podría impactar los casos de miles de inmigrantes ante la corte.
¿Qué está ocurriendo?
El Departamento de Defensa aprobó enviar hasta unos 600 abogados militares para
desempeñarse como jueces de inmigración, lo cual, según indica el Departamento de Justicia,
doblaría el número total de jueces de inmigración. Estos profesionales, en su mayoría, provienen
de divisiones de justicia militar como Judge Advocate General’s Corps (JAG). El 28 de agosto, el
Departamento de Justicia publicó una norma definitiva que eliminó ciertos requisitos para ejercer como juez de inmigración temporal. Anteriormente, para ser juez temporal, un candidato debía haber ejercido (1) como exjuez de inmigración o juez de apelación de inmigración, (2) como juez administrativo en otra agencia del poder ejecutivo, o (3) como abogado del Departamento de
Justicia con al menos 10 años de experiencia en derecho migratorio.
La justificación brindada por la administración es que existe una escasez preocupante de jueces
de inmigración. Además de la limitación de personal, indican que es necesario acelerar
adjudicaciones en un sistema con más de 3 millones de casos aún pendientes. Según la
administración, ellos entienden que los abogados militares poseen experiencia procesal,
disciplina y conocimiento en derecho administrativo. Sin embargo, grupos de derechos civiles,
exjueces de inmigración y académicos expresaron serias preocupaciones sobre cómo esta medida podría alterar la naturaleza de los tribunales migratorios.
¿Cuál sería la controversia en esta situación?
Primeramente, es de preocupar la falta de experiencia específica en derecho migratorio por parte de los abogados militares. En los tribunales de inmigración se manejan leyes de suma
complejidad, de las que incluyen procesos de asilo, deportación, visas humanitarias, detenciones,procedimientos especiales para menores, entre muchos otros casos particulares. Sin restar mérito a su capacidad o credibilidad a los abogados militares, que estos cuenten con experiencia en el ámbito militar no implica que la cuenten con la especialización en esta área del derecho.
Otros grupos defensores han advertido que la incorporación de personal con trasfondo militar
podría inclinar las adjudicaciones hacia un endurecimiento en decisiones de asilo. Cuestionan
que pudiera haber mayor peso en argumentos de seguridad nacional, un menor beneficio de la
duda para solicitantes vulnerables e interpretaciones más estrictas de “miedo creíble” y
“persecución”. También existe el riesgo de la falta de transparencia en el proceso de selección.
Esta ha sido una de las mayores críticas sobre la presente administración, la cual no ha publicado
lineamientos claros sobre los criterios de selección, entrenamiento especializado, supervisión y
garantías éticas.
Organizaciones como la American Immigration Lawyers Association (AILA) y Human Rights
First han solicitado al Congreso investigar esta práctica. Algunos exjueces de inmigración
entrevistados expresaron preocupación por la posibilidad de que esta medida comprometa la
confianza pública en el sistema dado la falta de transparencia, la imparcialidad en audiencias y la
estabilidad de precedentes legales.
Entonces, ¿cómo afecta esto a los inmigrantes con casos pendientes en la corte de inmigración?
A continuación, se enumeran posibles consecuencias de la medida tomada por la administración.
1. Posible endurecimiento en las cortes. No está garantizado, pero algunos expertos
anticipan un perfil judicial más estricto en los casos de asilo, mociones para reabrir solicitudes de cancelación de deportación y alivios humanitarios discrecionales.
2. Incremento en la variabilidad entre jueces. Con la incorporación de perfiles militares, esta
variabilidad podría aumentar.
3. Posibles procedimientos más rápidos, pero no necesariamente más justos. Aunque la
intención oficial es reducir el atraso, acelerar casos sin garantizar preparación adecuada
podría perjudicar a solicitantes sin representación legal.
¿Qué deben saber los inmigrantes con casos pendientes en la corte de inmigración?
A pesar de todo lo mencionado anteriormente es importante que tengan presente que:
1. Sus casos siguen regidos por la ley, independientemente del trasfondo del juez asignado.
2. Tienes derecho a ser escuchado, presentar evidencia y contar con representación legal.
3. Es altamente recomendable preparar tu caso con el mayor detalle posible, especialmente
en aquellas solicitudes de asilo o discreción judicial.
4. Por último, si recibes una decisión desfavorable, siempre puedes apelar ante la Junta de
Apelaciones de Inmigración (BIA).
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Hasta luego,
Lcda. Yalitza M. Maldonado Torres
Abogada de Inmigración
Inmigración Virtual, LLC
+1-939-545-3171
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