Durante el día de ayer, 7 de noviembre de 2024, un juez federal canceló una política de la administración de Biden que permitía a algunos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal en el país.
Esta política, conocida como “parole in place”, fue presentada a principios de este año, durante la campaña de reelección del presidente Biden. Su objetivo era proteger de la deportación a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y permitirles trabajar legalmente mientras tramitaban su residencial legal ("green card"), sin tener que pedir un perdón o salir al extranjero.
El juez federal de distrito J. Campbell Barker, quien fue nombrado por el expresidente Donald Trump, decidió que el Congreso no le había dado al presidente la autoridad para crear esta política. En su opinión, el juez dijo que la interpretación de la ley que hace el gobierno sobrepasa los límites permitidos. Este caso es uno de varios desafíos que enfrenta el gobierno de Biden en temas de inmigración, los cuales podrían perder apoyo legal si hay un cambio de administración.
La política de “parole in place” aplicaba a personas que han vivido en los Estados Unidos durante al menos diez años y también protegía de la deportación a hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Se estimaba que esta política podría haber beneficiado directamente a entre 750,000 y 800,000 personas, convirtiéndola en uno de los programas de ayuda migratoria más amplios desde el programa DACA en 2012. DACA es una política que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad.
DACA, de hecho, también está pasando por un desafío legal prolongado. Este otoño, un tribunal de apelaciones escuchó argumentos sobre una decisión que declaró DACA ilegal, aunque el programa seguirá protegiendo a quienes ya están inscritos mientras se resuelve la apelación.
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Lcda. Yalitza M. Maldonado Torres
Abogada de Inmigración
Inmigración Virtual, LLC
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