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El Tribunal Supremo de Estados Unidos reactiva el sistema de base de datos del DHS para verificar la ciudadanía de los votantes
El 25 de septiembre de 202 la Corte Suprema de Estados Unidos levantó las restricciones impuestas por tribunales inferiores sobre el uso ampliado, por parte de la administración Trump, de un controvertido sistema del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para comprobar la ciudadanía de los votantes, lo que permite a las autoridades electorales reanudar el uso de la base de datos mientras continúa el litigio.
La decisión reactiva una base de datos de DHS que incluye información de ciudadanía y datos sensibles de la Seguridad Social, si bien el tribunal también reconoció que la ley federal limita de manera estricta las depuraciones amplias de los padrones en las semanas previas a las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
¿Qué decidió la Corte Suprema?
El tribunal concedió la solicitud de emergencia del gobierno para suspender (stay) la orden del 22 de junio dictada por un tribunal federal de distrito, que había anulado la versión modificada del programa SAVE. En términos prácticos, ello significa que el DHS puede volver a utilizar el sistema revisado Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) para realizar un citizenship status check de votantes o solicitantes de registro, incluidas consultas individualizadas antes de los comicios de mitad de mandato y un uso más amplio una vez transcurrida la ventana preelectoral de 90 días.
En una orden no firmada, la mayoría sostuvo que el gobierno probablemente prevalecerá en su argumento de que la legislación federal de inmigración permite al DHS solicitar y recibir información de ciudadanía o estatus migratorio de otras agencias, incluida la Administración del Seguro Social (SSA). La Corte también indicó que la moratoria de 90 días prevista en la National Voter Registration Act (NVRA) sobre remociones sistemáticas “limita el impacto potencial” de la suspensión antes de la elección, dado que los estados no pueden ejecutar programas amplios para eliminar a votantes presuntamente inelegibles dentro de ese periodo.
El programa SAVE y su expansión hacia la verificación en padrones
SAVE fue creado en 1986 para ayudar a agencias federales, estatales y locales a verificar si los solicitantes cumplían requisitos de elegibilidad para prestaciones públicas en función de su ciudadanía o estatus migratorio. Durante la mayor parte de su historia, el programa se apoyó principalmente en registros migratorios en poder del DHS, y los estados lo utilizan con fines de verificación electoral desde 2005. El expediente ante la Corte Suprema señala que 27 estados emplean actualmente SAVE para tareas de verificación vinculadas al registro.
Ese esquema cambió el año pasado. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el DHS desarrollara sistemas que permitiesen a autoridades estatales y locales verificar la ciudadanía de votantes ya registrados y de personas que buscan registrarse. Dos meses después, el DHS lanzó un SAVE modificado que incorporó registros de la SSA, habilitó búsquedas masivas (bulk searches) y permitió consultas usando números de Seguro Social completos o parciales.
Bajo el proceso revisado, una agencia estatal o local puede cargar información identificatoria en el portal de SAVE; luego, la SSA devuelve datos que incluyen nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social completo y estatus de ciudadanía. Si el sistema no confirma la ciudadanía, el votante puede ser requerido a aportar prueba de ciudadanía para registrarse o para permanecer en el voter registration database (base de datos de registro de votantes).
Entre los efectos centrales de la orden del viernes se incluyen:
El DHS puede reiniciar el SAVE modificado mientras siguen las apelaciones.
Los estados continúan constreñidos por la NVRA, que prohíbe remociones sistemáticas del padrón dentro de los 90 días previos a una elección federal.
Las verificaciones individualizadas de ciudadanía pueden continuar antes de las elecciones, lo que acota el impacto inmediato frente a una depuración generalizada.
El caso de fondo no está resuelto y el proceso en instancias inferiores seguirá su curso.
El fallo de junio concluyó que había violaciones de privacidad y de derechos electorales
La jueza federal de distrito Sparkle L. Sooknanan, designada por el presidente Joe Biden, resolvió en junio que el sistema revisado era ilegal, vulneraba normas de privacidad y ponía en riesgo derechos electorales. En su decisión de 75 páginas, sostuvo que el gobierno federal había “pisoteado a sabiendas” los derechos de privacidad de ciudadanos estadounidenses de una manera que amenazaba el derecho al voto.
El tribunal de distrito consideró que la modificación de SAVE infringía la Social Security Act, la Privacy Act y la Administrative Procedure Act, y por ello dejó sin efecto los cambios. Organizaciones de derechos de voto y de privacidad, incluidas la League of Women Voters y el Electronic Privacy Information Center, habían alegado que el gobierno transformó ilícitamente una herramienta destinada a filtrar elegibilidad para beneficios en una base nacional de ciudadanía para controles electorales.
Críticos advierten que datos poco confiables podrían excluir a votantes elegibles
Los opositores afirman que la base de datos no es lo suficientemente confiable como para determinar quién debe permanecer registrado. Su preocupación central es que registros de ciudadanía desactualizados o incompletos podrían identificar erróneamente a ciudadanos naturalizados como no ciudadanos, obligando a votantes elegibles a probar su estatus o arriesgar su remoción.
Votebeat informó que una investigación de ProPublica halló que la herramienta ampliada produjo falsos positivos en al menos cinco estados. En Texas, el sistema señaló a cientos de personas que se habían registrado a través del Departamento de Seguridad Pública del estado —que exige prueba de ciudadanía para el registro— y autoridades locales confirmaron posteriormente que varias eran ciudadanos elegibles.
El ejemplo del condado de Travis, Texas, se ha vuelto un eje del debate. Funcionarios estatales identificaron 97 potenciales no ciudadanos; autoridades del condado confirmaron después que al menos 11 de esos votantes eran ciudadanos estadounidenses, lo que implica que más del 10% del grupo marcado fue identificado de manera incorrecta.
Grupos de derechos de voto calificaron la decisión del viernes como “profundamente decepcionante”, y advirtieron que expone a estadounidenses a ser señalados ilícitamente por una base de depuración de padrones que describen como poco fiable a pocas semanas de las elecciones. La League of Women Voters y los demás demandantes afirmaron que seguirán impulsando el caso para proteger los derechos de los votantes y la privacidad.
Disidencia de las juezas y el juez de perfil liberal
La jueza Ketanji Brown Jackson disintió, acompañada por las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, lo que subraya la relevancia de la división en la decisión de emergencia: las tres integrantes del ala liberal se opusieron a la suspensión. Jackson sostuvo que la mayoría se concentró en los daños invocados por el gobierno y desatendió los perjuicios que, a su juicio, el SAVE modificado ya había ocasionado —y probablemente seguiría ocasionando— a votantes con derecho.
Jackson citó casos en Texas en los que el registro de una votante fue revocado sin que ella lo supiera y otros dos votantes tuvieron que aportar prueba de ciudadanía para conservar su inscripción. Concluyó que imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el perjuicio que el gobierno dice sufrir cuando se le impide ejecutar una acción que, según afirmó, probablemente carece de autorización legal.
El gobierno y estados aliados defienden el sistema
La administración Trump ha sostenido que SAVE es legal y necesario para prevenir el voto de no ciudadanos. El asesor jurídico general del DHS, James Percival, celebró el fallo y afirmó que el departamento acudió a la Corte Suprema para poder usar datos del gobierno a fin de ayudar a los estados a impedir que no ciudadanos voten de manera ilegal.
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, republicano, ha respaldado el uso de SAVE en el marco de auditorías de ciudadanía, al tiempo que ha reclamado mejoras y salvaguardas. Su oficina afirma que Georgia combina datos federales de SAVE con registros estatales de licencias de conducir y otras fuentes; Raffensperger ha señalado que el estado verifica la información y protege los derechos de voto mediante revisiones adicionales, en lugar de depender de un único resultado de la base federal.
El panorama general sigue siendo objeto de controversia. En 2024, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que más de 6.500 potenciales no ciudadanos habían sido removidos de los padrones desde 2021, incluidos alrededor de 1.930 con historial de voto, sobre un universo cercano a 18 millones de votantes registrados. Esa cifra está muy por debajo de las afirmaciones de voto no ciudadano a gran escala promovidas por Trump y repetidas por funcionarios del DHS, y las imputaciones recientes siguen siendo limitadas en relación con el tamaño de los padrones estatales.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha impulsado una serie de cambios en el sistema electoral, incluidas exigencias de datos de padrones, iniciativas de prueba de ciudadanía y un intento —rechazado por la Corte Suprema— de restringir la entrega de boletas por correo antes de la elección de 2026. La orden del viernes otorga al gobierno una victoria relevante respecto de SAVE; sin embargo, la regla temporal de la NVRA implica que es improbable que la decisión derive en remociones masivas del padrón antes de las elecciones legislativas.
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Hasta luego,
Lcda. Yalitza M. Maldonado Torres
Abogada de Inmigración
Inmigración Virtual, LLC
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